Hay mentiras que buscan sobrevivir a una crisis y son mucho más graves cuando se demuestran, porque afectan al vínculo más básico que existe entre un Estado y sus ciudadanos, la obligación de protegerlos y decirles la verdad, y eso es lo que está en juego en Ceuta.
Durante semanas hemos escuchado hablar de inmigración, presión fronteriza, capacidad de acogida y gestión de una crisis extraordinaria y hoy la pregunta es otra. ¿Y si aquello nunca fue solamente una crisis migratoria?
El informe policial remitido a la magistrada María Tardón obliga a mirar lo sucedido desde otra perspectiva. Según las informaciones publicadas sobre su contenido, agentes marroquíes habrían dirigido a personas hacia determinados puntos de la frontera siguiendo instrucciones de individuos de paisano, dentro de una actuación que habría buscado desbordar la capacidad española de respuesta y será la investigación judicial la que determine hasta dónde llega esa responsabilidad.
Como ciudadanos españoles no necesitamos adelantarnos a la Justicia, porque lo conocido ya es suficientemente grave y si se confirma que existió una actuación deliberada destinada a tensionar una frontera española, no estaríamos hablando únicamente de inmigración, estaríamos hablando de soberanía, de seguridad nacional y de España.
CEUTA NO FUE SOLO LA FRONTERA
Conviene recordar algo que demasiadas veces olvidamos desde la Península, Ceuta es España y no solo una frontera lejana.
Quienes aquellos días cerraron sus comercios, cambiaron sus rutinas, sintieron miedo o contemplaron cómo su ciudad quedaba sometida a una presión extraordinaria, eran ciudadanos españoles, exactamente igual que los que viven en Madrid, Alicante, Valencia, Sevilla o Bilbao, y un Estado tiene una obligación elemental con ellos, protegerlos; y no tranquilizarlos con palabras, ni construir un relato. Protegerlos.
Por eso, cuando empiezan a aparecer informaciones que apuntan a que organismos españoles disponían de datos relevantes sobre lo que estaba ocurriendo, la cuestión deja de ser exclusivamente operativa y se convierte en política. ¿Qué sabía el Gobierno?, ¿Cuándo lo sabía?, ¿Quién recibió la información?, ¿Quién decidió?, ¿Y qué se contó después a los españoles?
CUANDO LAS VERSIONES EMPIEZAN A NO ENCAJAR
El ministro del Interior sostiene que desconocía la información que ahora aparece en el informe policial remitido a la Audiencia Nacional y ha reclamado explicaciones al director general de la Policía para conocer desde cuándo disponía el cuerpo de esos datos y por qué no habrían llegado hasta él.
Esa es su versión y frente a ella han aparecido otras. La ministra de Defensa, Margarita Robles, sostuvo que el CNI había informado a la Delegación del Gobierno en Ceuta sobre el riesgo existente y este 2 de septiembre Laura García, portavoz de JUPOL, ha sostenido públicamente durante una intervención en directo en En boca de todos, de Cuatro, que Marlaska tenía conocimiento de la situación, «comprando» con esta declaración, todas las papeletas para que sea cesada.
Aun con ello, se puede señalar la contradicción política que se plantea, porque alguien tendrá que explicar qué ocurrió y no con declaraciones, sino con documentos, informes, fechas, destinatarios, correos, comunicaciones, reuniones y ordenes, porque la seguridad nacional no puede depender de versiones y declaraciones dentro del marco político del actual gobierno.
LOS QUE NO PODÍAN MENTIR ERAN LOS QUE ESTABAN EN LA FRONTERA
Mientras los despachos gestionaban información, policías nacionales y guardias civiles tenían delante una realidad mucho más sencilla, miles de personas en una frontera sometida a una presión extraordinaria y con la obligación de responder.
Ellos no podían cambiar el relato, ni convocar una rueda de prensa, y tampoco discutir si la información había llegado a un ministerio o a otro, todo ellos, simplemente tenían que estar allí, por eso, esta historia también exige hablar de ellos. Porque detrás de cada fallo de inteligencia, coordinación o decisión política existe siempre alguien que termina pagando las consecuencias sobre el terreno y en Ceuta fueron nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad.
España les pidió que defendieran una frontera mientras seguimos preguntándonos cuánto sabía el propio Estado sobre lo que estaba ocurriendo y ese es uno de los aspectos más inquietantes de esta historia.
Que ya hoy no debemos seguir preguntándonos si lo sabían, sino que la realidad es de tal magnitud que no podemos exigir a un policía o a un guardia civil que asuma las consecuencias de aquello que quienes tenían la información y la capacidad de decisión no fueron capaces de anticipar, coordinar o evitar y mucho menos podemos abandonarlos después, dentro de una batalla de versiones.
LOS CEUTÍES MERECEN ALGO MÁS QUE DINERO
Ahora treinta y dos días después dicen que llegarán ayudas, que habrá planes y llevarán refuerzos, y sinceramente, viendo la situación en Ceuta, se necesitan millones de recursos y de todo tipo. Sí, Ceuta necesita inversión, seguridad y presencia permanente del Estado, aunque, existe algo que no puede aprobarse en un Consejo de Ministros, la confianza.
¿Cómo se devuelve a un ciudadano la certeza de que su Gobierno le contó todo lo que sabía?
¿Cómo se explica a una familia ceutí que durante semanas escuchó una versión de lo sucedido y ahora los propios organismos del Estado aportan información que obliga a revisar aquella explicación?
¿Cómo se recupera la sensación de seguridad cuando empiezas a sospechar que quizá la amenaza era conocida antes de que llegara hasta tu puerta?
Eso es mucho más difícil, porque las infraestructuras se reparan, los dispositivos policiales se refuerzan, los presupuestos se amplían, aunque la confianza, cuando se rompe, tarda años en reconstruirse.
Y ¿MARRUECOS?
Aquí existe otra cuestión que España tendrá que afrontar con enorme seriedad, ya que, aunque Marruecos es un socio estratégico en inmigración, seguridad, lucha contra el terrorismo, comercio y estabilidad regional, precisamente por eso las relaciones entre ambos países deben basarse en algo más sólido que la conveniencia diplomática.
Si la investigación termina acreditando que funcionarios marroquíes participaron deliberadamente en una actuación destinada a desbordar la frontera española, nuestro Gobierno tiene una obligación que estaría por encima de cualquier cálculo político, defender los intereses de España, sin complejos, sin estridencias, con diplomacia y con firmeza, ya que una relación estratégica significa precisamente disponer de mecanismos para responder cuando uno de los socios cruza una línea, no aceptando cualquier comportamiento, y la soberanía nacional es una de esas líneas.
EUROPA TAMBIÉN DEBERÍA ESTAR MIRANDO
El Tarajal es una frontera exterior de la Unión Europea y no solo una frontera entre España y Marruecos. Lo que sucede allí afecta directamente al espacio europeo, por eso, si la investigación finalmente acredita la utilización organizada de movimientos migratorios como instrumento de presión política, el asunto tendría inevitablemente una dimensión europea.
Europa ya conoce este fenómeno, la instrumentalización de seres humanos para presionar fronteras se ha convertido en una herramienta dentro de los conflictos híbridos contemporáneos y España no puede pedir solidaridad europea mientras internamente no es capaz de explicar con absoluta transparencia qué información poseía y qué ocurrió con ella, porque nuestros socios también observan, y observan nuestra capacidad de inteligencia, nuestra coordinación, nuestra respuesta y sobretodo nuestra credibilidad.
Y EL MUNDO TAMBIÉN OBSERVA
En política internacional las debilidades se estudian.
Una frontera desbordada es información, una administración descoordinada es información, dos ministerios ofreciendo versiones diferentes es información, un ministro afirmando que desconocía datos que manejaban organismos dependientes de su propia estructura es información y un país incapaz de aclarar rápidamente qué sabía antes de una crisis proyecta vulnerabilidad.
España pertenece a la Unión Europea y a la OTAN, por ello, nuestra seguridad no termina en nuestras fronteras ya que forma parte de una arquitectura internacional de cooperación, inteligencia y defensa y sinceramente, la credibilidad también es seguridad.
ESTO NO VA DE INMIGRACIÓN
Y conviene insistir, porque será muy fácil convertir nuevamente esta cuestión en una batalla ideológica, entre inmigración sí o inmigración no, y mientras se lleva a cabo, ese debate nos distraería de lo esencial.
Las propias personas migrantes pudieron ser utilizadas como instrumento de presión y si eso ocurrió, también fueron víctimas de quienes decidieron utilizarlas.
La pregunta es ¿se utilizó deliberadamente a miles de personas para atacar la estabilidad de una frontera española? y, si ocurrió ¿qué sabía España? Porque lo relevante no es qué pensamos sobre inmigración.
LA MENTIRA HECHA TRAICIÓN
Todavía necesitamos respuestas y algunas solamente podrá proporcionarlas la investigación judicial. Conviene no sustituir a los jueces, aunque la responsabilidad política funciona de otra manera.
Un Gobierno tiene derecho a equivocarse, puede interpretar incorrectamente una información, puede calcular mal una amenaza, puede incluso verse desbordado por acontecimientos extraordinarios, sin embargo, existe algo que no debería permitirse nunca.
Mentir a quienes tiene la obligación de proteger, por eso necesitamos saber qué ocurrió, necesitamos conocer qué información existía antes de la crisis, quién la recibió, qué valoración se hizo, qué decisiones se adoptaron, qué conocía Interior, qué conocía Defensa, qué conocía la Delegación del Gobierno y qué conocía el presidente del Gobierno.
Y necesitamos saber todo esto, sin relatos, sin argumentarios, sin versiones adaptadas al titular del día, con hechos. Porque si finalmente se demuestra que el Gobierno desconocía información fundamental sobre una amenaza contra una frontera española, estaremos ante un fallo de Estado de una magnitud extraordinaria y deberán asumirse responsabilidades.
Y si se demuestra que existía información, que fue conocida y que aun así no se actuó correctamente, la responsabilidad será todavía mayor.
Y si se demostrara que esa información era conocida y después se negó ante los ciudadanos… entonces habremos cruzado una frontera mucho más peligrosa que la de Ceuta, porque gobernar significa administrar recursos y también significa ejercer poder, uno que exige una obligación anterior a todas las demás: ser leal a los ciudadanos a los que representas.
Un país puede perdonar un error, puede superar una crisis, puede reconstruirse después de un fracaso. Lo que resulta mucho más difícil es recuperar la confianza cuando descubre que quienes debían protegerlo quizá no le dijeron la verdad.
Porque cuando está en juego una frontera española, nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad y la seguridad de miles de ciudadanos, la mentira deja de ser una estrategia política y se convierte en una deslealtad y si esa mentira sirvió para ocultar que se conocía una amenaza y no se actuó ante ella, entonces merece otro nombre.
La mentira hecha traición.
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