En política puedes cambiar de opinión, sin embargo, lo que no puedes pretender es que nadie recuerde lo que dijiste ayer.
Hay algo que ningún asesor estratégico o de comunicación puede arreglar con un buen discurso: la distancia entre lo que un político predica y lo que sus actos terminan contando.
Puedes tener el mejor eslogan, la campaña más brillante, un relato perfectamente construido, también puedes hablar de principios, de compromiso, de justicia social, de libertad o de transparencia, sin embargo, hay una pregunta que siempre acaba apareciendo: ¿haces lo que dices o simplemente dices lo que te conviene? Y cuando esa pregunta empieza a instalarse en la cabeza de los ciudadanos, el problema deja de ser de comunicación y se convierte en un problema de confianza.
La dimisión de Montse Mínguez como portavoz del PSOE, tras conocerse los negocios inmobiliarios de su pareja, vuelve a situar esta cuestión en el centro del debate político.
Mínguez había defendido públicamente políticas de acceso a la vivienda y criticado a los fondos buitre. Las informaciones sobre las propiedades y actuaciones inmobiliarias de su pareja han provocado una controversia sobre la coherencia entre ese discurso y su entorno personal.
Conviene distinguir las cosas, la actividad empresarial de una pareja no convierte automáticamente a un cargo público en responsable de sus decisiones y tampoco demuestra que haya incumplido sus compromisos políticos, aunque el episodio deja una lección que va mucho más allá de sus protagonistas.
En política no basta con ser coherente, también importa que tus decisiones puedan explicarse de manera coherente y cuanto más absoluto es tu discurso, más difícil resulta gestionar sus contradicciones aparentes.
El problema de convertir las palabras en sentencias
La política ha desarrollado una peligrosa afición a las afirmaciones categóricas. Cuando se habla abiertamente de “nunca pactaremos”, “jamás haremos”, “nosotros no somos como ellos” o “esto es innegociable” es evidente que son frases extraordinarias para un titular, para un corte de vídeo o para arrancar un aplauso en un mitin y también son compromisos que permanecen.
Pedro Sánchez afirmó durante años que no pactaría con EH Bildu y posteriormente llegaron acuerdos parlamentarios entre ambas formaciones. En 2023, el propio Sánchez reconoció cambios de posición política, aunque distinguió esos acuerdos de gobernar conjuntamente.
La diferencia puede tener relevancia institucional, sin embargo, también plantea una cuestión comunicativa: ¿cómo se explica al ciudadano que una frontera presentada como infranqueable haya dejado de serlo? Porque una cosa es cambiar de criterio ante nuevas circunstancias y otra muy distinta es actuar como si la promesa anterior nunca hubiera existido.
Y esto no es patrimonio de una ideología. En 2018, Pablo Iglesias e Irene Montero afrontaron una intensa polémica por la compra de un chalé en Galapagar. La adquisición era una decisión privada y legal, y las críticas se centraron en las declaraciones anteriores de Iglesias sobre los políticos que vivían en chalés alejados de la realidad cotidiana.
De nuevo, la cuestión no era únicamente la vivienda, sino el contraste entre un discurso público y una decisión personal.
Y mientras Pedro Sánchez reivindicaba la democracia interna y aseguraba que la voz de la militancia es fundamental, en Palencia hemos asistido a un episodio que obliga a preguntarse cuánto vale realmente esa voz.
La dirección federal del PSOE ha sustituido a Álvaro Bilbao, respaldado por 21 agrupaciones locales frente a las tres que apoyaron a María Luz Martínez Seijo, para situar a esta última como cabeza de lista al Congreso.
La candidatura provincial había recibido 77 votos favorables y una sola abstención. La decisión, adoptada conforme a las competencias de los órganos federales, ha provocado la renuncia en bloque de los cuatro integrantes restantes de la lista propuesta por la militancia y aquí aparece una contradicción política difícil de ignorar: ¿de qué sirve pedir participación, escuchar a las bases y defender su protagonismo si, cuando su decisión no coincide con la de la dirección, termina prevaleciendo otra?
La democracia interna también se mide por el peso real que tienen las decisiones de quienes participan, porque escuchar a la militancia no debería convertirse en un simple trámite antes de decidir desde arriba.
La incoherencia no tiene fronteras
En Reino Unido, Boris Johnson protagonizó el escándalo conocido como Partygate, relacionado con reuniones celebradas en dependencias gubernamentales durante las restricciones por la pandemia.
Un Gobierno que exigía sacrificios a la ciudadanía tuvo que responder por conductas desarrolladas en su propio entorno. Johnson fue multado por asistir a una celebración durante las restricciones y posteriormente afrontó una investigación parlamentaria sobre sus explicaciones. La contradicción entre las normas exigidas y los comportamientos de quienes las impulsaban se convirtió en una cuestión central de credibilidad.
Años antes, Nick Clegg y los liberaldemócratas británicos habían hecho de su oposición al aumento de las tasas universitarias un compromiso electoral. Su posterior participación en un Gobierno que permitió elevarlas se convirtió en uno de los ejemplos más conocidos de ruptura entre promesa y decisión política.
Contextos diferentes. Países diferentes. Ideologías diferentes y un mismo problema de fondo. Las palabras generan expectativas, los hechos determinan si esas expectativas merecían confianza.
Las campañas electorales son fábricas de expectativas
Aquí es donde quiero detenerme, porque quienes trabajamos en estrategia y comunicación política sabemos que una campaña consiste en construir una relación de credibilidad entre un candidato y los ciudadanos.
Cada promesa es una expectativa, cada compromiso público establece un criterio con el que después será evaluado quien lo pronunció y cada ataque al adversario puede convertirse, con el tiempo, en un espejo incómodo.
Si conviertes la transparencia en tu principal bandera, tus propias decisiones deberán soportar ese escrutinio. Cuando denuncias los privilegios, tendrás que explicar los tuyos. Si exiges dimisiones por determinadas conductas, deberás justificar por qué aplicas o no el mismo criterio cuando afectan a tu organización. Por lo tanto, si prometes una forma diferente de hacer política, no bastará con repetir que eres diferente, tendrás que demostrarlo.
Por eso considero que uno de los mayores errores estratégicos de una campaña es confundir contundencia con credibilidad, ya que no siempre gana fuerza un mensaje por ser más agresivo y no siempre resulta más convincente una promesa por ser más rotunda. A veces, una afirmación prudente, concreta y verificable construye más confianza que diez grandes declaraciones.
Una campaña puede conseguir que te escuchen y solo tus actos pueden conseguir que te crean.
No confundamos coherencia con inmovilismo
También sería un error exigir que un dirigente mantenga eternamente todas sus posiciones.
La realidad cambia, los problemas evolucionan, gobernar obliga a negociar, rectificar y tomar decisiones que quizá no estaban previstas. Cambiar de opinión no tiene por qué ser una incoherencia, puede ser una muestra de aprendizaje y la diferencia está en cómo se afronta ese cambio.
No es lo mismo explicar qué circunstancias han cambiado, reconocer la posición anterior y asumir el coste de una nueva decisión que negar las propias palabras, buscar excusas o atacar a quien recuerda lo que se prometió.
La coherencia política consiste en mantener unos principios reconocibles, justificar las decisiones y aceptar la responsabilidad por las contradicciones y esa exigencia debería aplicarse a todos, a quienes gobiernan y a quienes están en la oposición, a los grandes partidos y a los pequeños, a los dirigentes nacionales y a los alcaldes de cualquier municipio, porque la credibilidad no depende del tamaño del cargo y la confianza no se recupera con otro eslogan.
Hay un dato especialmente revelador.
Una investigación publicada en Parliamentary Affairs, basada en encuestas en España, Francia y Reino Unido, encontró que la percepción de promesas electorales incumplidas tenía un efecto especialmente importante sobre la desconfianza política. No hablo, por tanto, de una simple intuición de quienes nos dedicamos a la comunicación. Existe evidencia de que la distancia percibida entre compromisos y comportamientos erosiona la confianza. Y cuando esa distancia se repite, el problema puede dejar de afectar únicamente a una persona y acaba alimentando una sospecha mucho más amplia: que los políticos dicen una cosa antes de llegar al poder y hacen otra después.
Esa generalización puede ser injusta con muchos representantes públicos que trabajan con rigor y precisamente por eso merece atención, porque cada contradicción mal explicada proporciona argumentos para desconfiar también de quienes sí cumplen.
La política necesita recuperar el valor de la palabra y eso no se consigue con mejores vídeos, más publicaciones o discursos más emocionantes. Se consigue con compromisos responsables, explicaciones transparentes y comportamientos que puedan sostener lo que se ha defendido públicamente.
Llevo tiempo pensando que en comunicación política dedicamos demasiada energía a decidir qué debe decir un candidato y no siempre la suficiente a comprobar si podrá sostenerlo después, tal vez deberíamos empezar por ahí, por revisar las promesas antes de convertirlas en eslóganes, por pensar en las consecuencias antes de construir un relato moral contra el adversario, por entender que una contradicción puede ser legítima, aunque necesita una explicación y, sobre todo, por recordar que el ciudadano tiene memoria, criterio y derecho a exigir cuentas.
Porque al final, cuando se apagan los focos, terminan los mítines y desaparecen los carteles, queda algo que ninguna campaña puede fabricar indefinidamente, la credibilidad.
Puedes ganar una discusión con palabras y con un buen relato, aunque no puedes sostener la confianza durante años si tus hechos contradicen sistemáticamente tus mensajes.
Y esa es la gran cuestión.
La incoherencia no siempre acaba con una carrera política, aunque puede destruir aquello que cualquier político necesita para ejercerla con legitimidad: que la gente crea en su palabra.
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