Hay una forma especialmente dolorosa de perder población que apenas aparece en las estadísticas municipales.
Que tus hijos quieran quedarse y no puedan.
Llega el momento de independizarse y descubren que el municipio en el que han crecido, donde han estudiado, donde tienen a su familia, sus amigos, su trabajo y su vida se ha convertido en un lugar que ya no pueden pagar.
En Alicante ciudad, el precio ofertado del alquiler alcanzó en agosto los 13,9 €/m², un 7,3 % más que un año antes. Traducido a una vivienda de 70 metros: 13,9 × 70 = 973 euros al mes y el problema no es únicamente alicantino: el Banco de España constata que la proporción de jóvenes que viven con sus padres ha pasado del 55 % en 2002-2008 al 63 % en 2022-2024.
La vivienda es un problema de arraigo, ya no es solo un problema inmobiliario y aquí aparece una verdad incómoda.
Cuando hablamos de vivienda, muchos ayuntamientos se defienden diciendo que no tienen competencias suficientes.
Es cierto que un alcalde/sa no controla los tipos de interés, los salarios ni todo el funcionamiento del mercado y también es cierto que los municipios tienen competencias propias en planeamiento, gestión y ejecución urbanística, promoción y gestión de vivienda protegida y rehabilitación.
Por eso la pregunta adecuada no es: “¿Puede un ayuntamiento resolver solo el problema de la vivienda?” Evidentemente, no. La pregunta es otra: ¿Está utilizando todas las herramientas que sí tiene?
Porque la política municipal de vivienda empieza sabiendo cuánto suelo disponible existe, qué suelo está bloqueado, cuánto tarda en desarrollarse, qué demanda real tienen los jóvenes, qué vivienda pública posee el municipio, qué edificios pueden rehabilitarse, qué colaboración puede establecerse con propietarios y promotores y qué acuerdos deben exigirse a otras administraciones.
Ahí está la diferencia entre hablar de vivienda y gobernar la vivienda.
Existen lugares que llevan años demostrando que las decisiones sostenidas importan. Viena es el ejemplo europeo más conocido: el 41,7 % de sus residentes vive en vivienda social y, según la OCDE, el alquiler medio de esas viviendas ronda los 550 euros frente a 807 euros en el mercado privado. Esa enorme oferta asequible contribuye a moderar los precios y también a que las personas permanezcan en la ciudad.
No hace falta ir siempre fuera de España para encontrar instrumentos interesantes.
Bilbao cerró 2025 con 4.224 viviendas municipales, más de 8.600 residentes en ellas y un alquiler medio mensual de 279 euros. Además, mantiene mecanismos específicos para facilitar el acceso de menores de 36 años al parque municipal.
Zaragoza ha trabajado otra vía: su programa ALZA incorpora viviendas privadas al alquiler asequible ofreciendo garantías al propietario y rentas para el inquilino un 20 % inferiores a la tasación de mercado.
Ninguno de estos modelos puede copiarse sin más. Cada municipio tiene suelo, población, mercado y capacidad financiera diferentes y esa es precisamente la estrategia: diagnosticar antes de prometer.
El objetivo tampoco debe ser que todos nuestros hijos vivan obligatoriamente donde nacieron. Que se marchen a estudiar, trabajar, conocer mundo o construir su proyecto en otro lugar forma parte de una sociedad abierta.
El fracaso aparece cuando quieren quedarse y marcharse deja de ser una elección.
Un municipio que consigue que sus jóvenes puedan construir su vida donde nacieron, conserva mucho más que habitantes, conserva familias, comercio, asociaciones, colegios, identidad, actividad económica y futuro.
Quizá por eso la vivienda debe dejar de aparecer en los programas electorales únicamente como una cifra de viviendas que se construirán.
La verdadera cuestión para cualquier alcalde/sa es bastante más incómoda: Dentro de diez años, ¿podrán los hijos de quienes hoy viven en tu municipio seguir llamándolo casa?
Si no sabemos responder, ya tenemos un problema de gobierno.
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