Maricarmen tiene 87 años.
Llevaba viviendo en la misma casa desde 1956 y setenta años después salió de ella en una camilla, ya que la Justicia había hablado y el desahucio era legal y quizá ahí empieza el verdadero problema, porque que algo sea legal no significa que la política haya hecho bien su trabajo.
Maricarmen pagaba alrededor de 500€ al mes por una vivienda de renta antigua. Tras años de conflicto judicial, la propiedad reclamó la recuperación del inmueble.
Hoy Maricarmen está en el hospital y desde allí ha pedido a quienes protestan en la Puerta del Sol que continúen: «Hasta que vuestro cuerpo aguante». Una frase brutal.
Aunque quizá deberíamos preguntarnos cuánto tiempo lleva España gestionando la vivienda exactamente así. Hasta que el cuerpo aguante.
Ahora cambiemos de acera
Imagine otra puerta. Detrás no hay una mujer de 87 años, hay un propietario, quizá compró una vivienda después de trabajar treinta años, quizá la heredó de sus padres, quizá paga una hipoteca, IBI, comunidad, seguro, reparaciones, la alquila y un día deja de cobrar. Al otro lado vive una familia que tampoco puede pagar. ¿A quién protegemos?
La pregunta parece sencilla hasta que ponemos nombres, recibos y miedo a ambos lados de la puerta, porque esa familia necesita una vivienda y ese propietario tiene derecho a recuperar la suya. Los dos pueden tener razón.
Y esta es la parte de la conversación que incomoda, porque hemos convertido demasiadas veces la vivienda en una elección entre buenos y malos. Inquilino contra propietario. Vulnerable contra privilegiado. Derecho a la vivienda contra derecho a la propiedad. ¿Y si esa es precisamente la trampa?
Hay una tercera puerta
Esta la conozco bien, es la mía. Después de once años viviendo de alquiler he tenido que marcharme de mi ciudad, de mi barrio y de mi gente. Pagaba 700€. Esa misma vivienda pasa ahora a costar 1.400€.
De 700€ a 1.400€. Prácticamente el doble.
Yo podía pagar mi alquiler, lo había hecho durante once años y aun así tuve que irme. No soy un caso de vulnerabilidad extrema. no necesitaba que nadie me regalara una vivienda, necesitaba poder seguir viviendo donde había construido mi vida y ya no podía. Ahí aparece otra realidad de la que hablamos demasiado poco. Los de toda la vida estamos dejando de vivir en nuestras propias ciudades.
No necesariamente porque queramos marcharnos, sino porque permanecer en ellas empieza a ser un lujo.
La verdad incómoda
El actual Gobierno llegó en 2018, desde entonces seguimos hablando de vivienda como uno de los grandes problemas de España. Y cabe preguntarse si ¿Puede considerarse eficaz una política de vivienda si cada vez más personas sienten que no pueden acceder a una casa, conservarla o alquilar la suya con seguridad?
Y ahora vuelva a elegir puerta
Maricarmen.
El propietario.
Una persona que paga puntualmente y tiene que abandonar su barrio porque el siguiente alquiler resulta inasumible.
¿Con cuál te quedas? Yo no quiero elegir.
Ese es precisamente el problema.
La Constitución reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y encomienda a los poderes públicos promover las condiciones necesarias para hacerlo efectivo. A los poderes públicos. No a Maricarmen.
Tampoco al pequeño propietario, ni a quien después de once años haciendo frente a su alquiler tiene que hacer las maletas porque su ciudad ya no está a su alcance.
Cuando una persona vulnerable no tiene dónde vivir, la solución no puede consistir simplemente en encontrar otro ciudadano sobre el que descargar el problema, porque entonces no estamos garantizando un derecho, estamos repartiendo el coste del fracaso.
Dos derechos no deberían necesitar dos enemigos
Proteger al inquilino no debería significar desproteger al propietario, proteger la propiedad no debería significar abandonar a quien no tiene alternativa habitacional., regular el alquiler no basta si no existe oferta suficiente y hablar de vivienda pública sirve de poco si llega cuando miles de personas ya han hecho las maletas.
La propia legislación ha terminado reconociendo que también puede existir vulnerabilidad del lado del arrendador. Algo debería decirnos eso, proteger al vulnerable no exige fabricar otro vulnerable, ahí debería estar la política
Antes. Antes de la camilla, antes del impago, antes del desahucio, antes de que 700€ se conviertan en 1.400€, antes de que alguien tenga que despedirse de su barrio.
Con vivienda pública suficiente, con alquiler asequible, con más oferta, con seguridad jurídica, con mediación, con protección para quien no puede pagar y garantías para quien alquila.
Porque una política de vivienda seria no debería obligarnos a escoger entre una anciana que pierde su casa, una familia que no puede pagar, un propietario que necesita recuperar su vivienda y alguien que tiene que abandonar la ciudad donde ha construido su vida, debería evitar que llegáramos hasta ahí.
Maricarmen ha pedido que sigan luchando «hasta que el cuerpo aguante».
Quizá esa frase trascienda ya su historia, porque llevamos demasiado tiempo pidiendo que aguanten los jóvenes que no pueden emanciparse, que aguanten las familias, que aguanten los propietarios, que aguanten los inquilinos, que aguanten quienes se marchan. Hasta que el cuerpo aguante. No.
Un Estado no puede construir su política de vivienda sobre la capacidad de aguante de sus ciudadanos, ni de unos, ni de otros, porque cuando los derechos enfrentan a personas que deberían estar protegidas, quizá el problema nunca estuvo a ninguno de los dos lados de la puerta.
Quizá estaba en quien debía haber llegado antes y no llegó.