Cuando viajar en tren deja de ser un acto de confianza
Durante décadas subirse a un tren en España era un gesto casi automático.
Comprabas un billete, subías, te sentabas y confiabas.
Confiabas en la vía, en la señalización, en quienes controlaban la circulación, en el mantenimiento, en una Administración que debía haber previsto aquello que tú no podías prever.
Esa confianza también se paga. La pagamos cada mes con impuestos, esfuerzo y con el trabajo de millones de ciudadanos que sostienen un Estado precisamente para no tener que preguntarse cada mañana si una infraestructura esencial funciona como debería.
Por eso lo ocurrido en Urda, Toledo, no puede reducirse únicamente a encontrar quién dio una orden equivocada, porque hay algo mucho más profundo en juego.
La confianza de una sociedad en los servicios públicos que financia.
Y esa confianza cuesta décadas construirla y muy poco destruirla.
La verdad incómoda: un error humano también ocurre dentro de un sistema
Sabemos que el sistema de seguridad LZB dejó de funcionar alrededor de las 8.30 de la mañana. Los trenes se detuvieron automáticamente y desde ese momento, el centro de control de Adif asumió manualmente la circulación. A las 8.36, el AVE de Renfe recibió autorización para continuar mientras un Iryo permanecía detenido kilómetros más adelante.
El impacto llegó minutos después.
La investigación deberá determinar exactamente qué ocurrió y quién asumió cada decisión. Esa prudencia es obligatoria.
Lo que me preocupa políticamente es otra cosa. Horas después de la tragedia, el ministro de Transportes explicó públicamente que la persona que había tomado aquella decisión estaba identificada y sometida a lo que determinara la investigación y también calificó la autorización de “errónea” e “inexplicable”.
Puede ser información relevante, aunque existe una pregunta anterior.
¿Por qué falló el sistema que debía impedir que una decisión humana equivocada terminara convirtiéndose en una tragedia?
Porque la seguridad en pleno siglo XXI y con la tecnología que disponemos, no puede depender de que una persona no se equivoque nunca y precisamente para eso existen protocolos, redundancias, supervisión, mantenimiento, sistemas de respaldo, etc., y aunque la responsabilidad individual deberá investigarse.
La responsabilidad política consiste también en explicar por qué el sistema no fue capaz de detener el error.
No estamos hablando de una tecnología que ayer descubrimos que debía renovarse
El LZB de la línea Madrid-Sevilla funciona desde 1992. Su sustitución por el sistema europeo ERTMS llevaba años proyectada y el proceso de modernización sufrió retrasos desde sus primeras fases. El nuevo sistema todavía no estaba plenamente operativo cuando ha ocurrido el accidente.
Ese dato importa. No demuestra por sí mismo la causa del accidente, sería irresponsable afirmarlo mientras las investigaciones continúan, sin embargo, sí permite hacer una pregunta política legítima:
¿Cuánto tiempo puede saber una Administración que debe modernizar un sistema crítico sin conseguir terminar de hacerlo?
Porque gobernar también es mantenimiento y probablemente sea una de las formas menos fotogénicas de gobernar.
No corta cintas, no produce grandes titulares, no suele generar vídeos, porque simplemente consiste en revisar una vía antes de que falle, en renovar una tecnología antes de que quede obsoleta, en tener suficientes profesionales, en duplicar sistemas críticos, en invertir hoy para evitar una tragedia que quizá nunca llegue a producirse y precisamente porque cuando funciona no ocurre nada, es muy fácil posponerlo.
Hasta que ocurre.
Expertos consultados tras el accidente han vuelto a poner sobre la mesa la inversión en mantenimiento: entre 2018 y 2022, aproximadamente el 16 % del gasto de la alta velocidad española se destinó a conservación, por debajo de proporciones registradas en otros grandes sistemas europeos, mientras el número de viajeros crecía con fuerza. Existen discrepancias técnicas sobre cuánto peso puede tener este factor en el accidente concreto, cuya causa sigue investigándose.
Esa distinción es importante. No sabemos todavía si más mantenimiento habría evitado esta tragedia.
Sí sabemos que una red cada vez más utilizada exige más mantenimiento, más innovación y más capacidad de anticipación, no menos.
El verdadero deterioro comienza cuando el ciudadano deja de confiar
Este es el punto que más me preocupa.
Que alguien que mañana tenga que coger un tren se haga una pregunta que antes ni siquiera se planteaba.
“¿Es seguro?”
Cuando una sociedad llega ahí, el problema ya no es únicamente ferroviario, es institucional. Porque los ciudadanos aceptamos pagar impuestos a cambio de algo mucho más profundo que servicios.
Pagamos por certeza. Pagamos por saber que el agua sale, que un hospital responde, que una carretera se mantiene, que un colegio funciona, que un tren que circula a 250 kilómetros por hora está protegido por sistemas capaces de anticiparse incluso al error humano. Ese es el contrato invisible entre ciudadanía e instituciones y cuando empieza a romperse, no se repara con comunicación, se repara con decisiones.
La política existe para prever antes
No todo accidente puede evitarse, ni todo fallo puede anticiparse y ninguna infraestructura del mundo puede garantizar riesgo cero.
Eso también hay que decirlo, aunque utilizar esa evidencia como refugio sería demasiado cómodo, porque la pregunta política es ¿se ha hecho todo lo razonablemente posible para reducirlo?
¿Se ha modernizado el sistema cuando correspondía? ¿Se ha mantenido lo necesario? ¿Hay suficientes recursos? ¿Funcionan los protocolos? ¿Existen las redundancias adecuadas? ¿Se atienden las advertencias ¿Quién conoce los retrasos y qué decisiones ha tomado? Eso es transparencia y no lo es buscar rápidamente un nombre sobre el que concentrar toda la explicación.
Transparencia es abrir el sistema entero. Mi criterio profesional es muy sencillo: las decisiones políticas solo tienen sentido cuando mejoran la vida, aumentan la seguridad, generan confianza y pueden explicarse con transparencia. Todo lo demás es administración del relato.
España construyó durante décadas infraestructuras y servicios públicos que generaron orgullo y confianza. Lo difícil ahora es estar a la altura de aquello que construimos.
Porque un ciudadano debería poder subir mañana a un tren pensando únicamente en dónde va.
Nunca preguntándose si llegará.